-LOS SINDICALISTAS QUE COBRAN

Con 125 años recién cumplidos, la Unión General de Trabajadores (UGT) se encuentra en una encrucijada definitiva. Las evidencias reunidas durante los últimos meses sobre los abusos cometidos con cargo a fondos públicos por la organización que dirige desde hace dos décadas Cándido Méndez apuntan a la corrupción ilegal; de la legal ya hemos hablado en otras ocasiones.
Se ha puesto sobre el tapete todo un mecanismo irregular de sobrefinanciación con cargo al contribuyente.
 El desvío de fondos se realiza por el método más sencillo, pedir a una empresa contratada por el sindicato que le emita la factura con cargo a un programa subvencionado (por ejemplo, el de defensa legal gratuita de la Junta de Andalucía para la mujer discriminada por razón de sexo en su puesto de trabajo), eliminando, eso sí, cualquier referencia al bien adquirido o el servicio prestado que evidenciaría el mal uso del dinero público.
 
ANQUILOSAMIENTO EN LOS CARGOS
Entre estos materiales: 700 maletines falsificados en Asia por orden expresa de la dirección andaluza ugetista para agasajar a los delegados que en 2009 votaron en el IX Congreso Regional por la continuidad de Manuel Pastrana como líder del sindicato y cenas con barra libre celebradas durante los peores años de la recesión por los responsables de UGT-A. En ocasiones quien emite la factura al gusto del sindicato exige además su porción generosa del pastel.
Facturas pagadas íntegramente con fondos de subvenciones que deberían destinarse también en su integridad a fines tan loables como, por ejemplo, la formación de parados. También a las empresas que más facturan a UGT se les piden recibos con cargo al bote.
Luego está el descaro de imputar costes del funcionamiento ordinario del sindicato a los programas de formación de parados: desde sueldos del personal de estructura de UGT-A, hasta los servicios de limpieza de los despachos principales, pasando por el mantenimiento de los aires acondicionados o incluso por los vigilantes de seguridad de la sede central ugetista, donde no se imparten los cursos formativos que terminan pagando el mantenimiento de la sede.
También hay métodos más sofisticados de corrupción, como el cobro de comisiones por los cursos de formación subcontratados o la utilización de empresas pantalla del conseguidor de los ERE irregulares, el ex ugetista Juan Lanzas.
La suma de todos estos desvíos de ayudas públicas ofrece cantidades de vértigo. La Junta de Andalucía está revisando en estos momentos subvenciones por un importe que ronda más de 20 millones de euros. Hay al menos 18 expedientes abiertos. Algunos ya avisan que no hay que quedarse en Andalucía, sino mirar al todo nacional ugetista, con 81 sociedades y dos fundaciones que mueven más de cien millones de euroscada año.
El poderío institucional y económico de UGT sigue siendo brutal, pero la credibilidad sindical se sigue derrumbando día a día.

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